El comienzo de la explotación del litio en Chile se remonta a la década de los 60, a 270 kilómetros del centro de Antofagasta, en el Salar de Atacama. Fue en 1962 cuando la empresa estadounidense, Anaconda Copper Company, descubrió que dicho territorio era rico en litio. En ese entonces, este mineral tenía usos famacológicos y era un elemento clave para el impulso nuclear. Más de una década después, en 1975, Corfo y Foot Mineral Company firmaron un convenio para evaluar los recursos de litio y su explotación en el salar.
“En esa época hubo un esfuerzo de investigación”, afirma el ex vicepresidente ejecutivo de Corfo y actual director de Codelco, Eduardo Bitrán. De esta manera, “Corfo establece contratos de arriendo con empresas privadas para que estas hagan la inversión”.
El estatus del litio dio un revés importante cuando en 1979 la Junta Militar dictó un decreto de ley que reservó el mineral para el Estado, y lo excluyó de aquellos minerales de explotación privada. “El litio hasta ese momento se trataba como cualquier mineral que podría ser explotado por cualquier persona con una pertenencia minera. Desde ese momento en adelante, solo el Estado puede hacer aprovechamiento del mineral”, explicó el profesor de Derecho de Minería de la Universidad de Chile, ex miembro de la Comisión Política del Litio del gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet y miembro de Cesco, Cristián Quinzio.
La decisión tomada por la Junta Militar no fue casualidad. Era la Guerra Fría y en plena carrera armamentista, el litio se volvió un mineral altamente apetecido por su rol en la fusión nuclear. Con el cambio legal, dentro de los acuerdos relevantes del litio se encuentra el de 1980, cuando Corfo y Foot Mineral Company constituyeron la Sociedad Chilena del Litio (SCL, actual Albemarle), con un 45% y 55% de la propiedad, respectivamente. En detalle, Corfo entregó 3.343 pertenencias mineras de las 32.768 que disponía en el Salar de Atacama, mientras la estadounidense aportó en tecnología. Recién cuatro años después, en 1984, SCL inició la producción de carbonato de litio.
“Eso es todo lo que se hace en materia de litio, y es lo que tenemos hasta el día de hoy, con otros nombres, con otros actores”, explicó el abogado Cristián Quinzio. “Vuelta a la democracia no hay ninguna explotación nueva de litio en Chile, mantenemos las dos que hemos tenido históricamente”.
Luego de los hallazgos de litio en el Salar de Atacama, ya en el retorno a la democracia, entró Soquimich (SQM) al negocio. Esto sucedió en 1993, cuando Amsalar Inc. y Molymet venden su 75% a SQM Potasio S.A. quien ingresó en el mismo acto a la sociedad. Se firmó un nuevo contrato para proyecto y contrato de arrendamiento con plazo al 2030. Cuatro años después, SQM inicia la producción de carbonato de litio en el Salar de Carmen.
“El desarrollo de los negocios y la inversión productiva ocurre en los años 90”, indica el también ex ministro de Obras Públicas durante el primer gobierno de Michelle Bacehelet, Eduardo Bitrán. “Cuando se inició el tema del litio en Chile, existía el interés de considerarlo como un recurso que potencialmente podía ser usado en la fusión nuclear”. Aunque para eso, dice Bitrán, “se requiere todavía mucho desarrollo en el país”.
Las definiciones en torno al litio
Posteriormente, el Estado empezó a mirar con mayor atención al litio, pero no por su rol nuclear, sino por la alta demanda que se proyectaba para la transición energética y la electromovilidad. Es así como en 2015 se creó la Comisión Nacional del Litio durante la segunda administración de Michelle Bachelet, con la que se proyectaba definir si este mineral mantendría su estatus de no concesible, y qué mecanismos podrían existir para su explotación. Sin embargo, las propuestas quedaron en eso.
En abril de este año, el Gobierno de Gabriel Boric anunció la Estrategia Nacional del Litio. Dentro de las medidas, está la creación de la Empresa Nacional del Litio; un Instituto Tecnológico y de Investigación Público de Litio y Salares; y también la Red de Salares Protegidos, en los que se busca asegurar el uso de tecnologías de bajo impacto ambiental. La propuesta busca que el Estado tenga una importante participación en el desarrollo de este negocio, a través de alianzas público privadas, y renegociaciones con las dos empresas que hoy pueden explotar este mineral: SQM y Albemarle.
“Las definiciones más cruciales para permitir las asociaciones público-privadas no se han dado porque tienen que venir del Gobierno, como determinar cuales son los salares estratégicos y las zonas protegidas donde no se puede hacer aprovechamiento por temas medioambientales”, señala el abogado Cristian Quinzio. Diversos actores han manifestado sus inquietudes sobre el futuro de este mercado, especialmente considerando que existen varias interrogantes sobre la Estrategia, y donde no sólo Chile observa cómo se desarrollará esta política, sino que también el mundo sigue de cerca estos pasos, en plena lucha contra el cambio climático. (Fuente: ReporteMinero)